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El volumen de correos electrónicos no solicitados enviados continúa siendo muy elevado: las empresas de seguridad Symantec y MessageLabs han estimado que el spam representa entre el 54% y el 85% del correo electrónico tomado en su conjunto. En 2005, Ferris Research calculó el valor del spam a escala mundial en 39000 millones de euros, mientras que Compueters Economics evaluó el coste de los programas maliciosos en 11000 millones de euros, también a escala mundial. Por otro lado, las cifras más recientes publicadas por Sophos muestran que el 32% del spam procede de Europa, aunque Asia sigue a la cabeza con un 34%. El correo electrónico no solicitado, simple molestia en un principio, ha ido adquiriendo unos tintes crecientes de actividad fraudulenta y delictiva. Los delincuentes inducen a los usuarios a facilitar datos sensibles o de carácter financiero a través de los denominados "mensajes phising". La privacidad se ve amenazada debido a la difusión, por correo electrónico o incluyéndolo en otro software, de programas espías que vigilan y comunican el comportamiento en línea del usuario. A su vez, la preocupación que suscitan estos riesgos está limitando gravemente el desarrollo de servicios en línea legales. La nueva Comunicación reconoce que los instrumentos legislativos necesarios para combatir tales amenazas ya existen, en particular, la "prohibición del spam" a escala comunitaria decidida en 2002 en el marco de la Directiva sobre intimidad de las comunicaciones. Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros se observan problemas en materia de aplicación. A fin de progresar, es preciso que éstos establezcan unas líneas de responsabilidad claras que permitan una utilización eficaz de los instrumentos de los que se dispone en virtud de la legislación comunitaria. Dado el carácter delictivo que está adquiriendo el spam y los aspectos transfronterizos que lleva aparejados, resulta imperativo lograr una cooperación estrecha entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la legislación. En opinión de la Comisión, es preciso dotar con los recursos necesarios a las instancias involucradas en la lucha contra el spam. La drástica reducción de esta actividad lograda por los Países Bajos ha sido posible gracias a la labor de represión llevada a cabo por OPTA, organismo encargado de la lucha contra el spam, únicamente con 5 empleados a tiempo completo y un presupuesto de 570000 euros para inversiones en equipo. La comunicación invita al sector industrial a cooperar plenamente mediante la aplicación de medidas de filtrado adecuadas, así como mediante la instauración de buenas prácticas comerciales con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos. En Finlandia, la aplicación de las medidas de filtrado mencionadas ha permitido reducir en spam del 80% al 30%. La Comisión intensificará el diálogo y la cooperación con los terceros países que se encuentran en los primeros puestos de la lista de países generadores de spam. Estados Unidos y la Unión Europea han acordado cooperar a fin de hacer frente a este problema mediante iniciativas conjuntas destinadas a hacer cumplir la legislación, y están analizando la forma de combatir los programas espías y maliciosos ilícitos. Por lo que respecta a Asia, la Comisión emitió una declaración conjunta sobre cooperación internacional en la lucha contra el spam que fue adoptada en la conferencia de la ASEM sobre comercio electrónico en 2005. La organización revisará asimismo el marco regulador cuando presente propuestas legislativas para reforzar la privacidad y la seguridad de los usuarios en 2007. En virtud de estas propuestas, los proveedores de servicios podrían verse obligados a notificar cualquier violación de la seguridad que haya ocasionado la perdida de datos personales o la interrupción del servicio. Las autoridades nacionales de reglamentación contarían con las competencias necesarias para garantizar que los operadores aplicaran unas políticas de seguridad adecuadas. Los Estados miembros tendrían que velar por que cualquier persona u organización que mostrara un interés legítimo en combatir las infracciones con arreglo a la Directiva sobre intimidad en las comunicaciones electrónicas pudiera interponer una demanda y llevar el asunto ante una autoridad de regulación nacional. |
