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 EEUU ha incluido al oso polar en su lista de especies amenazadas, convirtiéndolo en el primer animal que Washington protege de los efectos del cambio climático. Pero lo que inicialmente pudo parecer una victoria largamente buscada por los grupos de defensa de los animales y el medioambiente, se reveló de inmediato como otro ejercicio de malabarismo de la Administración de George Bush en su política medioambiental. Porque a la vez que incluía al oso polar en la lista, anunciaba medidas para garantizar que esa clasificación no supondrá trabas para que sigan desarrollando su actividad en territorios donde habita el plantígrado empresas de explotación de petróleo y gas y otras compañías que, con su emisión de gases, contribuyen al deshielo.
El secretario de Interior, Dirk Kempthorne, habló de las pruebas científicas sobre el brutal ritmo de deshielo para explicar la inclusión del oso polar en la lista, decisión que calificó de "difícil". Pero él mismo, que por años se opuso a la ley de especies amenazadas, enfatizó que se asegurará de que esa decisión "no abre la puerta" a que los activistas fuercen la adopción de limitaciones en la emisión de gases de efecto invernadero. "Esa ley no es la herramienta adecuada para marcar las políticas medioambientales --dijo--. Cuando se adoptó en 1973, términos como cambio climático no formaban parte de nuestro lenguaje". Ha sido la presión del Centro para la Diversidad Biológica, de Greenpeace y del Consejo de Recursos Naturales la que ha forzado a la Administración a tomar una decisión. Esos grupos hicieron la primera petición de proteger al oso polar en el 2005 y, ante la falta de acciones del Departamento de Interior, no dudaron en acudir a los tribunales, que impusieron el día 14 de mayo como fecha límite para tomar una decisión. Aunque esos grupos admiten que la protección de empresas y actividades contaminantes es un revés, se muestran esperanzados en poder, a partir de ahora, luchar más efectivamente contra esas emisiones. Y ya se augura una lluvia de demandas judiciales para tratar de impedir, en el nuevo marco legal, la explotación de petróleo y de gas, así como la instalación en terrenos de Alaska de plantas contaminantes. No todo el mundo comparte el entusiasmo y hay quien opina que la Administración ha actuado más por intereses políticos que reales. Entre ellos está la Pacific Legal Foundation, un grupo que defiende que el oso polar no solo no está en peligro de extinción, sino que es una especie en crecimiento en diversas partes del mundo. Ha anunciado ya que recurrirá la decisión
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