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 La moción castiga de esta manera a quienes envíen correos electrónicos de carácter comercial o publicitario, sin contar con la autorización del destinatario; cuando contenga información falsa respecto del remitente o prestador de servicios; en el caso que el “asunto” de dicho mensaje tenga información falsa; o si el remitente o prestador de servicios disfrace el origen de los mensajes o se registre con direcciones diferentes, utilizando información falsa.
Las mismas multas se aplicarán a quienes obtengan direcciones de correos electrónicos de terceros a través de medios automáticos, aplicaciones de software desarrollados o adaptados para la recolección masiva de direcciones a través de Internet o mecanismos automáticos basados en empleo de combinaciones, letras o números.
La iniciativa legal, ingresada a la oficina de partes de la Cámara Alta, también establece que la realización de publicidad o de propuestas comerciales de bienes y servicios, por vía telefónica de red fija o móvil, fax u otro medio de comunicación a distancia, sólo podrá hacerse cuando el titular de la línea, haya expresado inequívocamente, consentido en el contrato, o en un acto posterior, este tipo de publicidad.
El senador Carlos Ominami sostuvo que los spams implican mayores costos para los usuarios, “quienes deben pagar por el uso del buzón, que sumado al pago por conexión de red, se traduce en una situación injusta. Por otra parte, el proveedor de Internet ve sus gastos operacionales duplicados debido a la transmisión excesiva de mensajes”, dijo.
“Hoy estamos ante una práctica abusiva por parte de las empresas de publicidad, comerciales y financieras, de recurrir a nuevas técnicas de publicidad. Ya no basta la radio, la TV, sino que han descubierto que a través de la telefonía e Internet, pueden penetrar impunemente la privacidad de las personas”, dijo el senador Jaime Naranjo.
El proyecto de ley se fundamenta en que los correos no solicitados enviados por Internet implican mayores costos para los usuarios, quienes deben pagar por el uso del buzón que, sumado al pago por la conexión a la red, se traduce en una situación injusta.
Por otra parte, mediante este tipo de mensajes una empresa o persona puede remitir una cantidad ilimitada de correos publicitarios, tanto como sean las direcciones que pueda conseguir, a un costo bajísimo, provocando molestias y aumento de costos en los receptores.
Esta práctica trae consigo, una disminución importante en el ancho de banda de las redes; un uso intensivo de servidores cuyos materiales y componentes se desgastan con mayor rapidez, y un consumo de energía muy importante por parte de dichos servidores. Asimismo, los proveedores de servicios de internet deben invertir importantes recursos materiales y humanos para la eliminación de este tipo de correos, así como para la implementación, mantención y actualización de filtros adecuados para prevenir que estas prácticas puedan inutilizar los servicios tecnológicos.
Se indica que el creciente aumento de los spam, de la más variada naturaleza, implica que los buzones de los particulares se vean atiborrados de estos mensajes. Por otra parte, estos correos vienen asociados a virus informáticos o softwares de código malicioso, que pueden provocar daños en los sistemas infectados.
En el caso del llamado Spam telefónico, la moción sostiene que en nuestro país existen un poco más de 3 millones de líneas, las que, según datos de la autoridad, todas han recibido una llamada no deseada de carácter publicitario o promocional. La idea del proyecto es dar una regulación a este tipo de mensajes, teniendo como norte siempre el respeto de las personas, su intimidad, el incentivar una competencia leal entre las empresas y desincentivar el uso de prácticas engañosas
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